“Feliz Navidad”... este no fue el mensaje que el 24 de Diciembre la ALDF y GDF lanzaron a los capitalinos. Haciendo uso de la más viejas artimañas políticas, el legislativo local aprobó, sin mayor discusión, un incremento generalizado al cobro de impuestos, derechos y servicios. A partir del 1º de Enero, la tenencia aumentará su valor en 5.5%, mientras que los impuestos al hospedaje y sobre nomina, lo harán en 50 y 25 puntos porcentuales respectivamente. En tanto, los parquímetros aumentarán su tarifa en 100%, la licencia para conducir costará 20% más y el registro para la sociedad de convivencia lo hará en 19%. Entre otros aumentos autorizados, se encuentra el matrimonio, el acta de defunción y el pago de los vendedores ambulantes. - ¿Ajuste inflacionario? -
En esta avalancha de incrementos destaca el aumento a la tarifa del agua. Anunciada como una medida de contención en contra del despilfarro, el nuevo esquema de cobros sólo exhibe la necesidad del gobierno local por elevar sus recursos. De acuerdo a lo previsto, el precio marginal del agua dependerá del nivel de desarrollo de la colonia; por tanto, cuanto mejor clasificada sea la región, mayor será la tarifa. Lo que en principio es un esquema progresivo de fiscalización – con referencia a las tarifas, no así con el principio de desarrollo sustentable -, en los hechos no corrige el problema del derroche del agua: pagará más quién más tenga y no el que más desperdicie. Todo ello nos hace pensar que la justificación del gobierno local sólo busca desestimar el impacto en las finanzas de los hogares, evitando el costo político y obteniendo un beneficio en el fortalecimiento de las finanzas públicas.
La reforma a la ley de ingresos para 2010 difícilmente podrá justificarse, para los que dicen que el origen a los incrementos yace en el recorte de las transferencias gubernamentales contempladas en el presupuesto de egresos de la federación, habrá que contestar que las finanzas capitalinas dependen tan sólo en 40% de los recursos gubernamentales; no así otros estados cuya dependencia es superior al 90%.
Tanto el gobierno federal, como la jefatura de gobierno del DF, en materia financiera, han mandado el mismo mensaje: en tiempos de crisis, es preferible mantener el nivel de gasto del sector público antes de preocuparse por el bienestar económico de la población. Todo ello, a pesar de que los incrementos autorizados constituyen barreras que aletargan la recuperación de la crisis económica.